Sahara Occidental, el fracaso de una misión

Por Eduardo Fungairiño Bringas

El 25 de abril de 2015 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó por otro año la presencia de la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental) en el antiguo Sahara Español, dividido entre los Territorios Ocupados (ilegalmente invadidos por Marruecos) y el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (la RASD ocupa una quinta parte del antiguo Sahara Español). Cuando alto el fuego acordado entre el Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saquia el Hamra y Río de Oro) y Marruecos puso fin a la guerra, que había durado desde 1976, la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 29 de abril de 1991 estableció la citada Minurso.

Esta misión (compuesta por unos 250 militares y civiles) tenía por objeto organizar el referéndum sobre la autodeterminación del Sahara Occidental, además de vigilar el mantenimiento del alto el fuego, procurar el desminado del territorio (en 2014 se inutilizaron más de 3.200 minas), gestionar con ambas partes la liberación de los presos políticos, facilitar las visitas familiares entre ambos territorios, etc. Desde luego, ha fracasado en su objetivo principal, pues el referéndum sigue sin celebrarse a pesar de que existe un censo de saharauis organizado por España, discutido por Marruecos, y objeto de discrepancias sobre si los votantes deben ser los que viven en el Sahara Occidental (lo que incluiría a numerosos colonos marroquíes) o los étnicamente saharauis (lo que incluiría a los refugiados en Tinduf, a los izarguien asentados entre el paralelo 27º 40’ N. y el Uad Draa -antigua colonia del Cabo Juby- e incluso a los imeraguen asentados en la costa de Mauritania).

Pero, sea por las discrepancias en el censo, sea por las dificultades que periódicamente levanta Marruecos (que, paradójicamente, teme que una gran parte de los colonos asentados en el territorio sahariano vote por la independencia), la consulta popular vinculante sigue en el aire. Últimamente Marruecos ha decidido prescindir del censo, y ha decidido que no admitirá el referéndum y que solo admitirá un régimen de amplia autonomía para la excolonia, lo que es rechazado por los saharauis.

Entre tanto, las autoridades marroquíes ocupantes siguen cometiendo constantes abusos sobre la población saharaui: detenciones arbitrarias, represión de manifestaciones pro independencia, apaleamientos, allanamientos de viviendas sin orden judicial, exclusión de los saharauis de los trabajos en agricultura y pesquería, maltratos policiales, homicidios en comisarías, prisiones preventivas sin fechas de juicio, privación de los propios recursos naturales, etc. Pero como a la Minurso no se le atribuyó competencia para investigar y denunciar la violación de los Derechos Humanos, sus miembros tienen que permanecer impasibles ante su continuada vulneración.

En marzo de 2014, los Estados Unidos propusieron dotar a la Minurso de dicha competencia, pero Marruecos protestó airadamente, alegando que ello afectaba a su soberanía nacional; y Francia, auténtico mentor del Majzén, se opuso a esa iniciativa, con lo que la Resolución 2152 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prorrogó el mandato de la Minurso hasta el 30 de abril de 2015 no hizo mención, como se pretendía, a la vigilancia de las vulneraciones de los Derechos Humanos. Y lo mismo ocurrió un año más tarde con la Resolución 2218 (2015) que prorrogó el mandato hasta el 30 de abril de 2016; falta de mención tanto más significativa cuanto que España (que sigue siendo formalmente el país administrador del Sahara Occidental y que mantuvo al respecto un silencio estratégico) formaba parte ya en 2015 del Consejo de Seguridad como miembro no permanente; y cuanto que los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia -miembros permanentes con poder de veto- forman con España el Grupo de Amigos del Sahara. Como se ha dicho ¡si esto hacen sus amigos, qué no harán sus enemigos!

Es llamativo que ninguna noticia del Sahara Occidental trascienda a los mass media españoles, a pesar de existir agencias de prensa como el Sahara Press Service u organizaciones como el Western Sahara Resources Watch, que dan cuenta sin filtro marroquí de la realidad del Sahara Occidental. El denominado gran público español solo tiene noticia de los saharauis cuando sus hijos son acogidos en España en las vacaciones de verano o cuando las ONG recolectan

alimentos y material escolar para los campamentos de Tinduf. Nada se informa al público de la represión, de las felonías que perpetra Marruecos en el Sahara ¡el último territorio del mundo sujeto a un poder colonialista! Tan cerca de España, tan cerca de las Islas Canarias….

Los políticos españoles han mantenido respecto al Sahara Occidental y su población saharaui una postura cuando se encuentran en la oposición y otra radicalmente contraria cuando ostentan responsabilidades de gobierno. Así, Felipe González proclamó en 1976 ante los saharauis: “No os prometo, me comprometo ante la historia al deciros que el PSOE estará con vosotros hasta la victoria final”; sin embargo el expresidente no tomó durante su largo mandato ninguna medida favorable a los saharauis (reconocimiento de su nacionalidad española, reconocimiento de la RASD, etc), y El Mundo informaba el 1 de marzo de 2010 que Felipe González construía una villa en Tánger, en primera línea de playa con el beneplácito de Mohamed VI, con quien está muy bien relacionado.

Trinidad Jiménez se manifestaba en Madrid el 12 de julio de 2003 a favor de la independencia del Sahara Occidental exhibiendo pegatinas saharauis; sin embargo siendo ministra de Asuntos Exteriores en octubre de 2010 alegó no tener información sobre el ataque y desmantelamiento (con muerte de varios saharauis) del campamento de Gdeim Izik o Campamento de la Dignidad pacíficamente establecido en las afueras de El Aaiún, cuando todas las agencias de prensa, nuestro Congreso y el Parlamento Europeo tenían ya cumplido conocimiento de lo sucedido.

Ni una acción en beneficio de los saharauis, ni una palabra de condena de las brutalidades marroquíes…

El ahora eurodiputado Esteban González Pons y el ahora parlamentario vasco Iñaki Oyarzábal exhibieron una bandera española junto a las banderas saharauis en una manifestación en Madrid el 13 de octubre de 2010, queriendo hacer patente así el compromiso de España con los saharauis. Pero desde 2011 el Gobierno sustentado por el Partido Popular, del que los citados son miembros, no ha tomado ninguna medida a favor de los originarios habitantes del Sahara Occidental; ni ha condenado los abusos de los ocupantes marroquíes contra la población; ni ha reconocido la nacionalidad española de los pobladores censados o de sus descendientes; ni reconoce la autenticidad de los documentos emanados de las autoridades de la RASD; ni disuade a las empresas españolas que en contra del art. 73 de la Carta de las NNUU y del art. 1.2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 19.12.1966) comercian con productos (fosfatos, arena) extraídos del suelo sahariano, o con pescado extraído de sus aguas; aguas que, por cierto, el ahora comisario español en la Unión Europea Miguel Arias Cañete situaba al sur de Agadir; del mismo modo que el Instituto Cervantes, que tiene centros en Marruecos (Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat, Tánger y Tetuán), en Argelia (Argel y Orán), y en Túnez, anuncia que va a abrir un centro en El Aaiún, que sitúa ¡en el norte de África! como si la expresión Sahara Occidental fuera nefanda. Todo sea para no molestar al Comendador de los creyentes.

Fue solo la Unión Progreso y Democracia la que el 29 de octubre de 2009 presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para establecer los principios que deben regir la política exterior española con relación al Sahara Occidental (lo que incluía el apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, etc). La proposición fue rechazada y, hoy día, UPyD ya no está en el Congreso.

Sin embargo, la realidad judicial es terca. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto el 4 de julio de 2014 en la causa por el asesinato del ciudadano español Baby Handay Buyema el 8 de noviembre de 2010 en el campamento de Gdeim Izik, auto por el que mantiene abierta la investigación del caso; por su parte el Juzgado Central de Instrucción nº 5 ha dictado un auto el 9 de abril de 2015 procesando a once funcionarios marroquíes (gendarmes, policías, etc.) por genocidio cometido durante la invasión y posterior ocupación del Sahara Occidental; lo relevante es que se recuerda que España, por mandato de las Naciones Unidas sigue siendo formalmente la administradora del Sahara Occidental y, por tanto, tiene jurisdicción sobre el territorio (art. 8 del Código Civil y 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). De otro lado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de anular el 10 de diciembre de 2015 el Acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos de 12 de marzo de 2012 porque Marruecos (cuya soberanía sobre el Sahara Occidental niega) explota ilícitamente las riquezas naturales del territorio en perjuicio del pueblo saharaui. Lo que ha hecho tras reconocer el insoslayable derecho del Polisario, legítimo representante del pueblo del Sahara Occidental según las Naciones Unidas, a pleitear en Europa en defensa de sus intereses.

También es terca la realidad diplomática. El Polisario ha conseguido recientemente un especial reconocimiento internacional el 23 de junio de 2015 al ser tenido por parte en el Protocolo Adicional (8 de junio de 1977) a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

Estamos en febrero de 2016. Hace 40 años que España salió del Sahara Occidental, que fue inmediatamente ocupado por Marruecos, que persiguió a su población con bombardeos de napalm, envenenamiento de pozos, sembrado de minas, fusilamientos, violaciones, etc. La feroz represión continúa, y la Minurso persiste en su forzada incapacidad para vigilar el respeto a los Derechos Humanos. Cabe preguntar qué harán los Amigos del Sahara cuando en abril de 2016 se plantee ante el Consejo de Seguridad la prórroga de la misión.

El autor es fiscal de Sala del Tribunal Supremo y colaborador de la Liga Española de Derechos Humanos

Fuente: http://www.noticiasdenavarra.com

 

 

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